Con el fin de poder delegar en alguien la necesidad de seguridad, es que el gobierno crea el cuerpo de policía.

Esta parte de la normativa establece las funciones de los inspectores, obligaciones de los vecinos y atribuciones del cabildo y policías.

El gobierno sancionará a todas aquellas personas que participen o sean espectadores de juegos de azar, la razón: "cuando los jugadores se afanan en su actividad, se olvidan de si mismos y de sus deberes sociales".

El Senado de Chile preocupado por los militares desertores, quienes según su visión "incurren en este crimen por su inclinación al ocio y á la licencia" propone al gobierno la supresión para ellos de la pena capital y en su lugar implementar la creación de una "casa de corrección en que todos trabajasen útilmente, los unos aprendiendo oficios, ó perfeccionándose en ellos: los otros ejerciendo los que poseen, y guardando una reclusión rigorosa por el tiempo señalado en sus sentencias respectivas".

El siguiente decreto enviado por el gobierno al ministro de Hacienda, lo faculta para la entrega de 2.000 pesos para la ampliación de la cárcel pública.

La Sociedad Económica de Amigos del País invitó a quienes tuvieran interés y nuevas ideas para el progreso de la población penal de Chile, a participar de un concurso público. Las bases establecían que los participantes debían entregaran de forma escrita -bajo cualquier formato- su propuesta de desarrollo para los reos. El ganador se tendría que haber adjudicado una medalla de oro y el segundo lugar una de plata.

El Senado pide al gobierno que cree un organismo que sea capaz de perseguir y condenar a los delincuentes.

Con el fin de mantener informados tanto a los reos como a sus familiares, el gobierno implementará que en las puertas de los recintos penales se publique un listado con los nombres de la población penal, su fecha de ingreso y el tribunal en el cual se lleva la causa.

El Senado vuelve a reiterar su preocupación por la seguridad social, ahora lo hace a través de la entrega de un plan de seguridad pública, el cual pretende normar la creación de un tribunal dedicado a sancionar la actividad delictual; para lo cual solicitan que se le atribuya la autoridad de "infligir à los malvados [...] acompañando la ejecución de las sentencias de un aparato terrible, y colocando las cabezas de los delincuentes en los caminos reales"

El gobierno determinó como medida para terminar con las conspiraciones decretar la pena de muerte, tanto para autores como cómplices. Para quienes antes de la publicación hubieran confabulado en contra del gobierno serían expatriados.

En el último número que circuló de la Aurora de Chile, Camilo Henríquez deja como legado lo que él considera un sistema de proceder justo frente a las causas criminales. El modelo que propone se basa en el sistema de organización de Inglaterra. También detalla la importancia de la creación de un cuerpo de jueces que sea completamente independiente del poder ejecutivo.